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Proceso penal de menores

PROCESO PENAL DE MENORES

I. CONCEPTO, REGULACIÓN Y PRINCIPIOS INFORMADORES

El proceso penal de menores es aquel procedimiento ordinario que debe tener en cuenta las circunstancias de la minoría de edad de los encausados, no sólo respecto al enjuiciamiento de éstos por la comisión de infracciones penales, sino también de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, su ejecución y la responsabilidad civil derivada de las conductas punibles en que pudieran incurrir.

El proceso de menores ha sido regulado por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de Responsabilidad Penal del Menor, lo cual constituía una necesidad impuesta por el Código Penal de 1995 que en su artículo 19 establece la mayoría de edad penal en 18 años. Esta Ley, que entró en vigor con fecha 13 de enero del 2001, sustituye al Decreto de 11 de junio de 1948 que fue reformado por los Decretos de 19 diciembre 1969 y 26 febrero 1976 y por la Ley Orgánica 4/1992 a resultas de la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 febrero, que declaró inconstitucional una gran parte de las normas reguladoras del anterior procedimiento. Además, deben tenerse presentes las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, entre otras, 1/1990, de 5 de abril, 36/1991, de 14 de febrero, 211/1993, de 23 de junio, 233/1993, de 12 de julio y 60/1995, de 17 de marzo, que han delimitado de forma constante cuáles son las exigencias constitucionales del enjuiciamiento de los menores.

La creación y modificación del procedimiento de menores viene referida a la necesaria aplicación de la normativa constitucional y supranacional, en especial la relativa a la protección integral de la infancia que constituye un principio rector de la política social previsto en el artículo 39.1 de la Constitución Española. Además, la protección del menor viene informada por lo dispuesto en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, y establecen no sólo principios programáticos, sino reglas de necesaria observancia para dotar al menor de un adecuado marco jurídico. Entre éstos debe destacarse la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en 30 de noviembre de 1990 (especialmente su artículo 40. 2), las denominadas reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Justicia de Menores o “reglas de Bejing”, aprobadas en 1985, la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17 de septiembre de 1987, o el artículo 14.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que en el procedimiento aplicable a los menores de edad, a efectos penales, se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. Finalmente, y de modo concordante, el Código Penal de 1995 estableció la mayoría de edad penal en 18 años, con lo que era preciso la aprobación de una Ley que regulase la responsabilidad penal de los menores de acuerdo con un procedimiento que tuviere en cuenta las circunstancias de la minoría de edad no sólo respecto al enjuiciamiento, sino, también, en cuanto se refiere a las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, su ejecución y la responsabilidad civil derivada de las conductas punibles en que pudieran incurrir los menores.

Con base en estos antecedentes la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de responsabilidad de los menores ha pretendido regular con vocación unitaria la responsabilidad penal del menor y el procedimiento de imposición de las sanciones establecidas. Para ello establece un proceso informado por principios de naturaleza socio-educativa, pero también procesal, que tiene por finalidad determinar las medidas aplicables al menor infractor y su ejecución, teniendo en cuenta los intereses del menor, de la víctima, y de la sociedad en general. Este procedimiento entró en vigor al año de su publicación, es decir, el 13 de enero del 2001.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Como su denominación legal indica, se trata de un proceso ordinario para determinar la responsabilidad penal de los “menores”, entendiéndose por tales, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, los menores de dieciocho años y mayores de catorce años (artículo 1.1 Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000). Por consiguiente, este procedimiento se aplicará para exigir la responsabilidad penal en la que incurrieran los mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal, siempre que no concurra ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal prevista en el Código Penal (artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, y artículo 20 Código Penal).

En ningún caso puede aplicarse este procedimiento ni ser destinatarios de la Ley Orgánica 5/2000, los menores de catorce años que hayan cometido un hecho punible. Cuando el autor de los citados hechos sea menor de catorce años será puesto, en su caso, a disposición de las Instituciones administrativas de protección de menores. En estos casos, el Ministerio Fiscal debe remitir testimonio de particulares a la entidad pública de protección competente a fin de que aplique las medidas tuitivas o de protección pertinentes (artículo 3 en relación con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor).

A estos efectos, las edades deben entenderse referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que tenga incidencia alguna rebasar las mismas antes de comenzar el procedimiento o durante su tramitación.

A todo el procedimiento se le aplica supletoriamente:

III. COMPETENCIA

1. Objetiva

La competencia objetiva para conocer del procedimiento penal de menores corresponderá en primera instancia a los Juzgados de Menores que, mediante este cauce procesal, enjuiciarán a los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la Ley como delito. Los Jueces de Menores serán asimismo competentes para conocer de la responsabilidad civil derivada de los hechos cometidos por menores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley (artículos 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2000).

En el supuesto que los hechos delictivos hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores y menores de edad penal, el Juez de instrucción que estuviere conociendo remitirá testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal a efectos de incoación del procedimiento de menores con relación a los afectados por esta Ley (artículo 16.5 de la Ley Orgánica 5/2000).

2. Territorial

Será competente territorialmente para conocer del proceso penal de menores, el Juez de Menores del lugar donde se hubiere cometido el hecho delictivo (artículo 2.3 de la Ley Orgánica 5/2000). Pero, en el supuesto en el que existiese una pluralidad de delitos cometidos en distintos territorios la competencia se determinará atendiendo al lugar donde el menor tuviere su domicilio y, subsidiariamente, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 20 Ley Orgánica 5/2000).

El conocimiento de las cuestiones de competencia territorial que se susciten entre los Juzgados de Menores de la misma provincia se atribuye actualmente a la Audiencia Provincial -artículo 82.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-. Si fueren de distinta provincia de la Comunidad Autónoma serán resueltos por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (artículo 73.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

3. Funcional

Respecto a la competencia funcional para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de los Juzgados de Menores corresponde a la Audiencia Provincial y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se trate de resoluciones dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional y para conocer del recurso de casación para unificación de doctrina corresponde a la Sala de lo Penal del TS, la Ley prevé la existencia de una Sala de Menores en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, cuya realidad se condiciona a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que debe plantearse mediante Proyecto de Ley remitido a las Cortes en el plazo de seis meses desde la publicación de la Ley de Menores. Asimismo, también se refiere la Ley a la adecuación de las competencias de los Juzgados de Menores y a la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por cuanto se prevé un recurso de apelación ante una Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia y un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de la doctrina (artículos 41 y 42 de la LO 5/2000.

IV. CARACTERES PRINCIPALES DEL PROCESO PENAL DE MENORES

1. Finalidad rehabilitadora del menor

Finalidad rehabilitadora del menor. La característica más importante del nuevo proceso penal de menores reside en su finalidad, cual es la de erigirse, más que en un proceso retribucionista o dirigido exclusivamente a la aplicación del “ius puniendi” -tal y como acontecía con la derogada Ley de 11 de junio de 1948, que convertía a los Tribunales de Menores en una jurisdicción paternalista y “represora”, y como sucede todavía con la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal-, en un proceso concebido para obtener la rehabilitación del menor y solucionar el conflicto intersubjetivo entre el agresor y la víctima. Para el logro de estos objetivos, cuales son la obtención de la reinserción del investigado y la protección de la víctima, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor procede, de un lado, a redefinir las funciones del Juez de Instrucción y del personal colaborador, fundamentalmente del Ministerio Público, y a consagrar, de otro, el principio de oportunidad en la persecución.

2. Separación de funciones de instrucción y decisión

El procedimiento de menores mantiene la estructura formal propia del proceso penal con la separación de las funciones de instrucción y decisión. La Ley atribuye al Ministerio Fiscal la instrucción del procedimiento, y al Juez de menores el conocimiento de la fase de audiencia. En consecuencia, y de acuerdo con esta función, el Fiscal deberá valorar la participación del menor en los hechos y proponer las concretas medidas a imponer (artículo 23 Ley Orgánica 5/2000). No obstante y como es obvio, debe ser el Juez de menores el que adopte las medidas restrictivas de derechos fundamentales precisas para el buen fin de las investigaciones. Al mismo tiempo, la Ley prevé que corresponde al Ministerio Fiscal la función de defensa de los derechos de los menores, a cuyo fin practicará y vigilará las actuaciones que deban realizarse en su interés (artículo 6 LO 5/2000). El Fiscal calificará y pedirá prueba para la defensa de su interés procesal y, además, podrá proponer la participación en la audiencia de personas o representantes de instituciones públicas o privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor (artículo 30 LO 5/2000). Es decir, que, al margen de la defensa que pueda ejercitar el menor, el Fiscal propondrá además de su prueba acusatoria, la que favorezca el interés del menor, lo cual en la mayoría de los supuestos resultará antitético.

3. Vigencia del principio acusatorio

La Ley reconoce la plena vigencia del principio acusatorio en el procedimiento de menores en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2000, que establece que el Juez de menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. Cuando imponga alguna medida de privación de libertad tampoco podrá exceder su duración del tiempo previsto según lo establecido para los mayores de edad en el Código Penal.

4. Publicidad limitada de las actuaciones

La publicidad de las actuaciones viene restringida por el interés del menor, y con base en ese interés el Juez podrá acordar que las sesiones del juicio no sean públicas, no permitiéndose en ningún caso que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor, ni datos que permitan su identificación (artículo 35.24 de la Ley Orgánica 5/2000) Quienes ejerciten la acción penal habrán de respetar rigurosamente el derecho del menor a la confidencialidad y a la no difusión de sus datos personales o de los datos que obren en el expediente instruido, en los términos que establezca el Juez de Menores. Quien infrinja esta regla será acreedor de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar (art. 35.3 LO 5/2000). Respecto a la fase de instrucción, también cabe declarar, mediante auto motivado, el secreto del expediente, a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, o de quien ejercite la acción penal, ya sea en su totalidad o parcialmente y durante toda la instrucción o sólo una parte de la misma. En cualquier caso, el letrado del menor y quien ejercite la acción penal deberán conocer en su integridad el expediente al evacuar el trámite de alegaciones (artículo 24 LO 5/2000). En la vía de recurso también se limita la publicidad de las actuaciones, pudiendo el Tribunal Superior decidir que la vista del recurso se celebre a puerta cerrada (artículo 41 LO 5/2000).

5. Asistencia del equipo técnico en la tramitación del expediente

La Ley prevé la asistencia en el procedimiento de un equipo técnico que estará adscrito al Juzgado de Menores y dependerá funcionalmente del Fiscal, con independencia de su dependencia orgánica. Pero también podrán elaborar el informe del menor, o complementarlo, las entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de los menores y que conozcan la situación del menor (artículo 27 LO 5/2000 in fine).

El equipo técnico elabora un informe, a petición del fiscal sobre:

  • La situación psicológica, educativa y familiar del menor.
  • El entorno social del menor.
  • Cualquier circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas que pueden imponérsele al menor.

Plazo de entrega: 10 días, prorrogable hasta un mes en casos complejos.

El equipo técnico puede proponer:

  • Una intervención socio-educativa sobre el menor.
  • La posibilidad de que el menor realice una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, indicando el contenido y la finalidad de tal actividad.
  • La conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor por:
    • - Haber sido expresado suficientemente el reproche mediante los trámites ya practicados.
    • - Considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, debido al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.

V. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares se adoptarán por el Juez de menores a petición del Ministerio Fiscal o de quien haya ejercitado la acción penal. Su finalidad consiste en garantizar la defensa y custodia del menor cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito, o el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor. En cualquier caso, debe observarse la necesaria proporcionalidad en la adopción de la medida, conforme a las circunstancias personales del menor, y la infracción que se le atribuye, sin olvidar las necesidades de la sociedad y el interés general. Entre las medidas que se pueden adoptar se hallan:

  • 1. La detención. Medida cautelar limitativa del derecho fundamental a la libertad, que se llevará a cabo, por lo general, por agentes de la fuerzas de seguridad. Mientras dure la detención el menor deberá permanecer en dependencias distintas a las que utilicen los mayores de edad, y recibirá la atención social, psicológica y médica que requieran según su edad, sexo y circunstancias personales (artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2000). En la detención se deberá informar al menor de los hechos que se le atribuyen, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, según lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 17.1 LO 5/2000).

    Concretamente serán de aplicación todas las garantías constitucionales relativas a los derechos establecidos en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tales como los derechos de guardar silencio y no declararse culpable, la asistencia letrada, ser asistido por intérprete y reconocido por un médico forense. De forma inmediata se deberá notificar la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal, y si fuera extranjero a la autoridad consular (artículo 17.1 LO 5/2000). Al menor se le podrá tomar declaración en las dependencias policiales, pero será precisa la presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor. No obstante, la Ley prevé que pudiera resultar contraproducente la presencia de los representantes del menor. En ese caso, así como cuando éstos no comparecieren por cualquier causa, la declaración se realizará en presencia de un representante del Ministerio Fiscal distinto al que deba ser instructor del expediente.

    El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración.

    La detención no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones precisas para el esclarecimiento de los hechos, debiendo ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. En el supuesto de ser puesto a disposición del Fiscal, y dentro de las cuarenta y ocho horas desde la detención, éste resolverá la adopción de alguna de las siguientes medidas:

    • a) La puesta en libertad del menor;
    • b) El desistimiento de la incoación del expediente;
    • c) La incoación del expediente poniendo el menor a disposición del Juez de menores competente, e instando la adopción de las medidas cautelares para la defensa y custodia del menor expedientado.
  • 2. Las medidas recogidas en el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 5/2000: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, alejamiento o convivencia con otra persona. Estas medidas cautelares se adoptarán por el Juez de Menores a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal.

    - Si se trata de las medidas cautelares de libertad vigilada, alejamiento y convivencia con otra persona, el Juez resuelve:

    • Oído el letrado del menor, un representante del equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores.
    • Teniendo en cuenta el interés del menor.

    (Puede interpretarse que el trámite de la audiencia del letrado del menor, del representante del equipo técnico y de la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores puede evacuarse por escrito o en comparecencia ante el Juez).

    (Puede interpretarse que el trámite de la audiencia del letrado del menor, del representante del equipo técnico y de la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores puede evacuarse por escrito o en comparecencia ante el Juez).

    Aunque la ley no alude a la acusación particular, los Fiscales, en las conclusiones de Almagro han decidido que ésta también será oída, no sólo para la adopción de la medida de internamiento, en base a que quien puede lo más puede lo menos.

    - Si se trata de la medida de internamiento, el Juez resuelve, a instancia del Fiscal o de la acusación particular:

    • En una comparecencia a la que asisten también el letrado del menor, las demás partes personadas, un representante del equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores.

      En esta comparecencia el fiscal, y las demás partes personadas pueden proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 24 horas siguientes.

      La Ley nada dice del plazo en el que se debe celebrar la citada comparecencia, pero dado que la situación del detenido se debe legalizar, por aplicación supletoria del art. 497 LECr., en un plazo máximo de setenta y dos horas a partir de la puesta a disposición judicial, la comparecencia deberá celebrarse en ese término.

    • En atención a la gravedad de los hechos, valorando las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro cierto de fuga y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza.

VI. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MENORES

1. Fase de instrucción

a) Incoación e instrucción del expediente (artículo 16 a 27 Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor)

El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia ante el Ministerio Fiscal de cualquier persona que tuviera conocimiento de la comisión de alguno de los hechos descritos como delito o falta en el Código Penal por un menor de dieciocho años. El Fiscal admitirá a trámite la denuncia si considera que los hechos son, indiciariamente, constitutivos de delito. Siendo así, practicará las diligencias que estime pertinentes para la comprobación de los hechos y la responsabilidad del menor en su comisión, tras lo cual puede resolver el archivo de las actuaciones cuando entendiera que los hechos denunciados no constituyen delito, o bien no existiera autor conocido. En caso contrario el Fiscal incoará el expediente que será notificado al menor y a quien aparezca como perjudicado desde ese mismo momento, y dará cuenta al Juez de menores, que iniciará las diligencias de trámite que correspondan y la pieza separada de responsabilidad civil (artículo 16 LO 5/2000).

Para el caso de que el conocimiento de los hechos no corresponda al Juzgado de Menores, se remitirá directamente, por el Fiscal, al órgano competente (artículo 21 LO 5/2000).

La competencia para instruir el expediente de menores por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas se atribuye al Ministerio Fiscal (artículos 16 y 23 LO 5/2000).

Las víctimas o perjudicados pueden personarse en el procedimiento como acusadores particulares (artículo 25 LO 5/2000), sin perjuicio de las acciones para exigir la responsabilidad civil (artículo 61 LO 5/2000), las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los que están los siguientes:

  • - Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento.
  • - Instar la imposición de las medidas a las que se refiere esta ley.
  • - Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.
  • - Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor.
  • - Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea en fase de audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos.
  • - Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento.
  • - Ser oído en caso de modificación o de sustitución de medidas impuestas al menor.
  • - Participar en las vistas o audiencias que se celebren.
  • - Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta ley.

Una vez admitida por el Juez de Menores la personación del acusador particular, se le dará traslado de todas las actuaciones y se le permitirá intervenir en todos los trámites en defensa de sus intereses.

La Ley no establece reglas específicas de postulación procesal. Sí menciona expresamente al Letrado en el art. 4 LO 5/2000 por lo que se entiende que deberá necesariamente actuar asistido por él, pero omite cualquier referencia al Procurador, lo que, consecuentemente, hace pensar que no es imprescindible actuar bajo su representación.

El Letrado del menor o la acusación particular tienen derecho a proponer diligencias en fase de instrucción con el fin de dotar de contenido y fundamento a las solicitudes que formulen en el ejercicio de su respectiva legitimación.

El Fiscal dirige la investigación y goza de amplia discrecionalidad para resolver sobre la admisibilidad de las diligencias solicitadas por las partes. Sólo existe una diligencia que no puede rechazar, la declaración del menor, cuando se proponga, el Fiscal deberá recibirla en el Expediente si no está ya concluso. (Art. 400 LECrim).

En lo demás, el Fiscal debe valorar en concreto la pertinencia y utilidad de las diligencias de instrucción que se le piden y habrá de rechazar razonadamente aquellas que supongan mera repetición de las ya practicadas o que no aporten nada relevante a los efectos de resolver sobre la prosecución del procedimiento. La resolución del Fiscal se notificará al solicitante y se pondrá en conocimiento del Juez de Menores para su constancia.

Contra al Decreto del Fiscal rechazando una diligencia de instrucción solicitada por la parte no cabe recurso alguno, si bien cabe reiterar la solicitud ante el Juez de Menores.

b) Conclusión de la instrucción

Finalizada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándolo al letrado del menor (artículo 30 de la Ley Orgánica 5/2000).

La instrucción concluye tan pronto como el Fiscal ha conseguido reunir los datos de hecho y elementos de juicio precisos para resolver sobre la prosecución del procedimiento mediante la formulación de un escrito de alegaciones, que se justifica en un doble juicio de valor:

  • Que la participación del menor en los hechos punibles denunciados aparezca suficientemente justificada en base al número y calidad de las diligencias de investigación reunidas.
  • Que las circunstancias personales y sociales del menor aconsejen la imposición de alguna de las medidas educativas previstas en la Ley.

Si el juicio de valor sobre el fundamento fáctico de la imputación es negativo, el Fiscal, agotadas las posibilidades de la instrucción, ha de remitir el Expediente al Juez de Menores acompañado de propuesta de sobreseimiento y archivo en función de alguna de las causas recogidas en los arts. 637 y 641 LECrim.

Si lo que falla es el juicio sobre la oportunidad o necesidad de imponer al menor alguna de las medidas de corte educativo-sancionador previstas en la Ley, el Fiscal está autorizado para decretar anticipadamente la conclusión del Expediente y su remisión al Juez con solicitud de sobreseimiento y archivo derivando hacia vías externas al proceso la realización del fin educativo y resocializador.

El Fiscal acordará mediante Decreto la conclusión del Expediente, notificándosela a las partes personadas, y ordenará la remisión del mismo al Juez, junto con las piezas de convicción y demás efectos, y un escrito de alegaciones en el que constará

  • La descripción de los hechos.
  • La valoración jurídica de los hechos.
  • Grado de participación del menor.
  • Breve reseña de las circunstancias personales y sociales del menor.
  • Proposición de alguna medida con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen.
  • Exigencia de responsabilidad civil, en su caso.

    Para determinar el contenido de las alegaciones sobre responsabilidad civil serán aplicables el art. 650.2 LECrim in fine y el art. 781.1 LECrim conforme al que se expresarán se expresarán la cuantía de las indemnizaciones o se fijarán las bases para su determinación y las personas civilmente responsables, así como los demás pronunciamientos sobre entrega y destino de cosas y efectos e imposición de costas procesales.

  • Proposición de la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensión.
  • Si lo considera necesario, propondrá la participación en la audiencia de personas o representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas propuestas. En todo caso serán llamadas al acto de la audiencia las personas o instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los responsables civiles.

2. Fase intermedia

Recibido el expediente por el Juez de menores, se abrirá el trámite de audiencia, en el que, previamente, se producirá una fase intermedia. (art. 31 LO 5/2000). Una vez recibido el escrito de alegaciones del fiscal con el expediente, las piezas de convicción y demás elementos relevantes para el proceso, el Letrado de la Administración de justicia del Juzgado de Menores los incorpora a las diligencias y el Juez de Menores abre el trámite de audiencia para lo cual el secretario judicial da traslado simultáneamente a quienes ejerciten la acción penal y la civil para que formulen sus respectivos escritos de alegaciones y propongan pruebas en un plazo común de 5 días hábiles.

Evacuado este trámite, el secretario judicial da traslado de todo lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables civiles, para que formulen sus escritos de alegaciones y propongan la prueba en un plazo de 5 días hábiles.

El Letrado del menor puede:

  • - Instar en su escrito el sobreseimiento del proceso.
  • - Solicitar, en su caso, la práctica anticipada de diligencias de instrucción que hubieran sido denegadas por el Fiscal. Si el Juez de Menores estima esta petición, abre un trámite complementario de instrucción judicial .
  • - Formular escrito de alegaciones en términos semejantes a los previstos para el escrito del Fiscal y proponer prueba para celebrar en el acto de la audiencia.

    Si el letrado del menor no presenta escrito de alegaciones, se entiende que se opone a la acusación por aplicación supletoria del art. 784 de la LECrim.

A la vista de la petición del Ministerio Fiscal y de los escritos de alegaciones de las partes, el Juez adoptará alguna de las siguientes decisiones:

  • a) La celebración de la audiencia;
  • b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones;
  • c) El archivo de las actuaciones por sobreseimiento cuando así lo hubiere solicitado el Fiscal;
  • d) La remisión de las actuaciones al Juez competente cuando el Juez de menores se declare incompetente;
  • e) Practicar por sí las pruebas propuestas por las partes y denegadas por el Fiscal durante la instrucción, que no puedan celebrarse en la audiencia, siempre que considere que son relevantes para el proceso. Tras practicar las diligencias solicitadas, daría nuevo traslado a las partes para que mantuviesen o modificasen sus escritos de alegaciones, tras de lo cual resolvería sobre el sobreseimiento de la causa o la celebración de audiencia.
  • f) Dictar sentencia de conformidad: en los supuestos y con los requisitos establecidos en el art. 32 LO 5/2000.

En caso de acordar la continuación del expediente:

  • El Juez de Menores acuerda lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas:
    • - Dentro del plazo de 5 días desde la presentación del escrito de alegaciones del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles, o una vez transcurrido el plazo para su presentación (también de 5 días) sin que ésta se hubiese efectuado.
    • - Mediante auto de apertura de la audiencia.
  • El Letrado de la Administración de justicia señala día y hora en que debe comenzar la audiencia dentro de los diez días siguientes.

3. Fase de audiencia

La audiencia se celebrará con asistencia del Fiscal, las partes personadas, el perjudicado que se hubiere personado, el letrado del menor, un representante del equipo técnico, y el propio menor que podrá estar acompañado de sus representantes legales, el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores que haya intervenido en las actuaciones, cuando se hubiesen ejecutado medidas cautelares o definitivas impuestas al menor con anterioridad, y las personas a quienes se exige responsabilidad civil (artículos 27.4, 30.3, 35 LO 5/2000).

La comparecencia se iniciará con la información por el Letrado de la Administración de justicia al menor, en forma clara y adaptada a su edad, de las medidas y responsabilidad civil solicitadas por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular y el actor civil, en su caso, en sus escritos de alegaciones, así como de los hechos y de la causa en que se funden. A continuación el Juez preguntará al menor si presta su conformidad con los hechos y las medidas y la responsabilidad civil solicitadas. Si así lo hace el menor y oído su letrado y la persona contra quien se dirija la acción civil, el Juez puede dictar resolución de conformidad. Si el letrado manifestara su discordancia con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando la decisión en la sentencia (artículo 36.1.2 LO 5/2000). El menor también puede prestar su conformidad con los hechos, pero no con la medida solicitada. En este caso, se sustanciará el trámite de audiencia, con el único objeto de determinar la medida a aplicar a los hechos previamente reconocidos (artículo 36.1.3 LO 5/2000).

Si el menor o la persona contra quien se dirija la acción civil no están de acuerdo con la responsabilidad civil solicitada, se sustancia el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este extremo, practicándose la prueba para determinar el alcance de ella.

Si procede la continuación de la audiencia (art. 37 LO 5/2000),el Juez invita al fiscal, a quienes hayan ejercitado la acción penal, en su caso, al letrado del menor y al actor civil y terceros responsables civilmente, eventualmente y exclusivamente respecto de las cuestiones sobre responsabilidad civil a que manifiesten lo necesario sobre:

  • La práctica de nuevas pruebas.
  • La vulneración del algún derecho fundamental en la tramitación del procedimiento.
  • La aplicación de distinta calificación o distinta medida de las que hubieran solicitado.

Seguidamente el Juez acuerda:

  • La subsanación del derecho vulnerado, o
  • La continuación de la audiencia: resolviendo en la sentencia los extremos planteados.

A continuación comienza la práctica de las pruebas:

  • Propuestas y admitidas.
  • Que ofrezcan las partes para su práctica en el acto, previa declaración de su pertinencia.

    Se oye al equipo técnico sobre las circunstancias del menor.

    La Circular 1/07 de la FGEº considera de aplicación supletoria los arts. 707 y 731 bis de la LECrim. en cuanto al modo de practicar la declaración de testigos menores de edad en el acto del juicio oral.

Acto seguido el Juez oye al Fiscal, a quien haya ejercitado en su caso la acción penal, al letrado del menor y al actor civil y terceros responsables civilmente respecto de los derechos que le asisten sobre:

  • La valoración de la prueba.
  • La calificación jurídica.
  • La procedencia de las medidas propuestas. Sobre esto se oirá también al equipo técnico y, en su caso, a la entidad pública de protección o reforma de menores.

Finalmente el Juez oye al menor y deja el expediente visto para sentencia.

4. La sentencia

El procedimiento de menores finaliza por sentencia que podrá dictarse oralmente al término de las sesiones, sin perjuicio de su documentación posterior, o en el plazo de cinco días. Esta observará todos los requisitos que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 39 de la Ley Orgánica 5/2000), y el Juez no podrá imponer una medida que suponga mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la solicitada por el Fiscal (artículo 8 LO 5/2000). En la sentencia resuelve sobre (art. 38 LO 5/2000):

  • -Las medidas propuestas, procurando expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.
    • Valorando:
      • - Las pruebas practicadas.
      • - Las razones expuestas por el fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor y lo manifestado por el menor.
      • - Las circunstancias y gravedad de los hechos.
      • - Los datos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del menor y su edad en el momento de dictarse la sentencia y de la circunstancia de que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza.
    • Indicando expresamente su contenido, su duración y el objetivo a alcanzar.
  • - La responsabilidad civil derivada del delito: establecerá razonadamente, las bases en que fundamente la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución. (Art. 115 CP)

5. Los recursos

5.1 Recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de justicia

Contra las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de justicia caben los mismos recursos (reposición y revisión) que los establecidos en la LECrim y se sustanciarán de acuerdo con lo que en ella se determine. (Arts. 238 bis y 238 ter LECrim)

5.2 Recursos contra las resoluciones judiciales

Podemos hacer la siguiente clasificación:

  • a) Contra las providencias y los autos de los Jueces de Menores cabe interponer recurso de reforma y, contra esta resolución, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial - (artículo 41.2 LO 5/2000).
  • b) Contra los autos que pongan fin al procedimiento, [tales como los autos de sobreseimiento (artículo 33 c LO 5/2000), inhibición al Juzgado de Instrucción (art 33 d) LO 5/2000)] y contralos resolutorios de modificación de medidas (artículo 14 LO 5/2000) o de adopción de medidas cautelares (artículos 28 y 29 LO 5/2000), suspensión de ejecución del fallo (artículo 40 LO 5/2000). Contra los demás autos no cabe el planteamiento del recurso de apelación.
  • c) Contra las sentencias de los Juzgados de Menores puede interponerse, en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial respectiva. Se trata de una apelación que se interpone por escrito ante el Juzgado de Menores y luego se torna oral ante la Audiencia Provincial mediante la celebración de una vista, siendo restringida, por cuanto tan sólo cabe proponer aquellas pruebas que, habiendo sido admitidas en la instancia, no hayan podido ser practicadas (artículo 41.1 LO 5/2000).
  • d) Contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Audiencia Nacional, imponiendo una de las medidas a las que se refiere el art. 10 LO 5/2000 cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 2ª del TS.

    Se aplican los trámites recogidos en la LECrim. en cuanto resulte aplicable. Ver: Recurso de casación

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